(Actualiza la TF3034 con la versión de la Consejería de Educación)Santa Cruz de Tenerife, 8 abr (EFE).
– El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este miércoles que en el CEIP San Fernando, en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula, llevan dos meses sin intérprete de lengua de signos para una docente sorda y su alumnado, lo que ha provocado que las familias hayan convocado una concentración de protesta para mañana.
Según ha denunciado CCOO en un comunicado, la falta de una respuesta adecuada por parte de la Consejería de Educación «afecta de lleno a la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado, la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de condiciones en el ejercicio de la docencia».
La convocatoria de protesta, ha ahondado, surge ante la ausencia de intérprete de lengua de signos en el aula que permita a una docente sorda desarrollar su trabajo «con normalidad, dignidad y en igualdad de condiciones que el resto de docentes de Canarias».
Fuentes de la Consejería de Educación han apuntado a EFE que solo ese centro está pendiente de incorporar un intérprete y que, en el caso del centro que ha realizado la queja, la profesora y familias han solicitado que sea una persona concreta que, además, no ha superado el periodo de prueba.
Se da la circunstancia, añaden las mismas fuentes, de que las otras personas nombradas han rechazado el puesto y que Educación no dispone de una lista propia para este tipo de contrataciones.
«Nunca hemos convocado proceso selectivo para constituir lista de empleo de esta categoría.
Son todos candidatos preseleccionados por el Servicio Canario de Empleo (SCE).
La profesora y una asociación han planteado contratar a técnicos de esta organización, pero si esas personas no se inscriben, el SCE no puede llamarlas.
No se puede contratar a dedo a quien se quiera y hay que cumplir unos procedimientos», defiende la Consejería.
Tanto las familias como CCOO han expresado públicamente su denuncia y su malestar ante lo que consideran una ausencia de respuesta administrativa a las necesidades de inclusión planteadas.
«La Consejería de Educación está obligada a garantizar una prestación adecuada del servicio educativo al alumnado, así como la inclusión, en condiciones de igualdad, de la docente afectada», ha apostillado el sindicato.
Para CCOO no se trata solo de una cuestión técnica o burocrática, sino de garantizar los derechos del alumnado y de la docente, y de hacer que la inclusión en la escuela pública «deje de ser un mero discurso para convertirse en una realidad también para quienes trabajan en ella».
«Tampoco estamos ante un caso aislado, sino ante un problema de fondo que también ocurre en otros centros: la administración no puede hablar de inclusión mientras no garantice apoyos adecuados, estables y realmente válidos que permitan el ejercicio docente en igualdad de condiciones», ha aseverado el sindicato, un extremo, el de que ocurra en otros centros, que la Consejería niega.
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