Puerto del Rosario (Fuerteventura), 31 mar (EFE)- El grupo del PP en el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) ha denunciado este lunes el veto del grupo de gobierno municipal (CC-PSOE) a debatir sobre el fenómeno de la okupación en el pleno municipal de marzo.
El PP presentó una moción que tenía como objetivo poner sobre la mesa una situación que, a su juicio, «preocupa a numerosos vecinos y propietarios del municipio, quienes se ven desamparados ante la okupación ilegal de sus viviendas», han indicado en un comunicado.
Los populares consideran «inaceptable» este «veto» a un debate que, según han señalado, «afecta directamente a la seguridad, la convivencia y el derecho a la propiedad privada en el municipio».
Además, desde el partido llaman la atención a cómo este mismo debate sí ha podido llevarse a cabo sin impedimentos en otros ayuntamientos de Fuerteventura, como en Pájara o Antigua, donde «el problema de la okupación ha sido abordado con normalidad en los plenos municipales».
Los populares de la Oliva se han posicionado «firmemente» en contra de la okupación ilegal y han asegurado que seguirán trabajando para que el Ayuntamiento implemente medidas efectivas en apoyo a los propietarios afectados.
Igualmente, el portavoz del PP en La Oliva, José Vicente Calero, ha recordado que defienden la necesidad de establecer desalojos exprés en un plazo máximo de 24 horas cuando se okupe una vivienda de manera ilegal, una reforma normativa que, considera, debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados cuanto antes para dar seguridad jurídica a los propietarios.
Asimismo, los populares han asegurado que seguirán instando en futuros plenos al Ayuntamiento a que adopte acciones concretas para garantizar que los propietarios no se vean solos ante esta situación.
«No podemos permitir que quienes vulneran la ley tengan más derechos que aquellos que cumplen con sus obligaciones», ha subrayado.
Calero ha lamentado también la actitud del grupo de gobierno y ha denunciado la falta de voluntad para abordar un problema que afecta a muchos vecinos.
«Es un asunto que preocupa a los ciudadanos y que merece una respuesta institucional firme como nuestra condena a dichos actos de ocupación ilegal, pues «no podemos mirar hacia otro lado mientras los propietarios afectados se sienten desprotegidos», ha concluido el portavoz popular.
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