Las Palmas de Gran Canaria aprueba su primera ordenanza de saneamiento y vertidos

Las Palmas de Gran Canaria, 4 abr (EFE).

– El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes, de forma definitiva, la ordenanza municipal reguladora del servicio de saneamiento y vertidos, la primera en la historia de la ciudad.

La concejala de Aguas, Inmaculada Medina, ha explicado en el pleno que la nueva norma reguladora del servicio de saneamiento y vertidos establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse las conexiones a la red de alcantarillado y los vertidos de aguas residuales procedentes de instalaciones domésticas e industriales.

La norma consta de cuatro capítulos, 62 artículos, un conjunto de disposiciones transitorias y finales, así como un anexo que define, entre otras cuestiones, los vertidos prohibidos, las actividades sujetas a autorización de vertidos o los valores máximos permitidos.

La ordenanza regula que las industrias de nueva implantación, las ya existentes y aquellas que efectúen modificaciones en sus locales deberán disponer, además de las redes de saneamiento (fecales y pluviales), de una red independiente para las aguas de proceso, permitiendo su tratamiento separado si fuera necesario.

También prohíbe el vertido directo o indirecto a la red de saneamiento de cisternas con aguas residuales procedentes de instalaciones domésticas e industriales, y define las infracciones y sanciones aplicables en caso de incumplimiento de la ordenanza.

La norma, ha dicho Medina, tiene el propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar el medio ambiente, velar por la salud de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras de los servicios correspondientes, así como asegurar la mejor conservación de las infraestructuras de saneamiento.

Ha recordado que estas ordenanzas se suman a otras iniciativas impulsadas por el actual grupo de gobierno para mejorar la gestión del agua, como el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033, que contiene una inversión superior a 850 millones de euros, con el objetivo de «renovar, modernizar y adaptar las infraestructuras hidráulicas de la ciudad», o la actualización del Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua de la ciudad, aprobada en el pleno del mes de marzo.

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