Santa Cruz de Tenerife, 18 mar (EFE).
– Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha considerado este martes que es una buena noticia la aprobación del real decreto ley pactado con Junts para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para establecer una distribución obligatoria entre todas las comunidades del Estado de los menores migrantes no acompañados en situaciones de emergencia humanitaria.
El presidente y el portavoz parlamentario de NC-BC, Román Rodríguez y Luis Campos, respectivamente, han reconocido en un comunicado el trabajo realizado por la sociedad canaria, el Gobierno estatal y la mayoría de los grupos del Congreso de los Diputados.
Han destacado el valor del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Junts porque «prioriza el interés general de los menores» especialmente en Canarias, puerta de entrada de los flujos migratorios procedentes del continente africano, que se ha sentido “abandonada” durante años.
También, han continuado, porque se ha demostrado que el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos se ha impuesto a las “mezquindades” de algunas formaciones políticas, como el Partido Popular (PP).
Asimismo, han destacado que el acuerdo es «muy positivo” y supera el “parche” de una distribución puntual de 4.
400 jóvenes del Archipiélago y de Ceuta para abordar la modificación legislativa.
En opinión de Román Rodríguez, hoy es un día para reconocer el trabajo de la sociedad canaria y, para el portavoz parlamentario de NC-BC, también de los integrantes del pacto canario salvo de Vox.
Así como del Ejecutivo estatal y de la mayoría de los grupos del Congreso de los Diputados, que próximamente deberán votar a favor de la convalidación del real decreto ley, ha agregado.
No obstante, NC-BC se ha mostrado precavida ya que el real decreto ley es el inicio del camino para superar la crisis humanitaria en las islas.
Por ello, Román Rodríguez ha reclamado al gabinete de CC y PP presidido por Fernando Clavijo que “se comprometa con las soluciones” mientras que Luis Campos ha acusado al PP de anunciar, «sin perder ni un minuto de tiempo», que boicoteará las medidas con recursos legales y la negativa de las comunidades gobernadas por la derecha, «con o sin la extrema derecha», a acoger a estos chicos y chicas.
Según NC, la aplicación del decreto ley llevará meses de trabajo y obstáculos que superar.
Para los dos dirigentes de NC-BC, hay motivos para la satisfacción contenida porque la norma es un avance estructural, pero han avisado que la oposición del PP y los tiempos para su desarrollo pueden dificultar el éxito.
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