Santa Cruz de Tenerife, 5 abr (EFE).
– El pleno del Parlamento canario ha acordado este miércoles, por asentimiento, retirar la proposición de ley de iniciativa popular para la defensa y promoción de la salud y la sanidad pública en Canarias, que en octubre de 2010 se presentó en la Cámara legislativa con el apoyo de 25.
000 firmas.
Dos años después, el 7 de marzo de 2012, la iniciativa fue tomada en consideración por unanimidad del Parlamento de Canarias, con lo que se abrió la fase de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.
En el pleno del 7 de marzo de 2012 habló en representación de la plataforma promotora Arturo Borges, quien dijo a los diputados que había llegado el momento de que afrontasen la «lamentable» situación de la asistencia pública en Canarias.
Fuentes parlamentarias ha indicado a EFE que la decisión de retirar la iniciativa legislativa popular ha sido adoptada por unanimidad de la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias.
En la iniciativa popular se planteaban cuestiones como declarar de urgencia la construcción de hospitales comarcales públicos con todas las especialidades de un hospital de segundo nivel de Gran Canaria y Tenerife, y profesionalidad la gestión sanitaria y reducir los altos cargos.
Las iniciativas legislativas populares están previstas en la Constitución para instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, y posibilitar la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado.
En el caso de Canarias se requiere presentar la firma de al menos 15.
000 personas o del 50 % de los electores de una circunscripción insular si el contenido de la iniciativa afecta solo a una isla.
Las iniciativas legislativas populares no decaen cuando se disuelve el Parlamento, pero en la siguiente legislatura su tramitación a iniciativa legislativa popular que estuviera se retrotrae al trámite que decida la Mesa de la Cámara, sin que sea preciso en ningún caso presentar nueva certificación acreditativa de haberse reunido el mínimo de firmas exigidas.
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