Santa Cruz de Tenerife, 10 jun (EFE).
– El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha dicho este martes que está dispuesto a que se abra el debate sobre el uso de la tecnología en las aulas, ante los problemas en el desarrollo cognitivo y educativo de los estudiantes, pero no a corto plazo, sino a medio plazo y de manera «sosegada».
Ha sido la respuesta del consejero a la diputada de Coalición Canaria Vidina Espino, quien ha planteado en el pleno del Parlamento regional la pertinencia de que Canarias actúe «con anticipación y responsabilidad» ante lo que ha definido como «una epidemia de entontecimiento masivo» por el uso de pantallas, según algunos estudios que ha citado.
Espino ha subrayado que hay evidencias científicas que antes no se conocían, pero ahora sí, que apuntan a que la sustitución de los libros de texto, bolígrafos y materiales analógicos por una educación volcada en pantallas y dispositivos digitales perjudica la comprensión lectora y el desarrollo cognitivo, sobre todo entre los más jóvenes.
Ha detallado cómo comunidades autónomas como Madrid y Navarra o países como Suecia están replanteándose la proliferación de dispositivos digitales en las aulas y ha subrayado que Canarias debe anticiparse y actuar para establecer una normativa centrada en el bienestar y el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, combinando la innovación y la responsabilidad.
«No implica renunciar a la tecnología, sino apostar por un equilibrio» y una educación reflexiva, ante las evidencias cada vez mayores de problemas de atención, comprensión o empobrecimiento del lenguaje, ha dicho Vidina Espino.
Ha citado cómo los grandes ejecutivos de compañías tecnológicas de Estados Unidos prefieren enviar a sus hijos a colegios en los que el uso de la tecnología está muy limitado.
«Abrir el debate es necesario, incumbe a toda la sociedad y sobre todo al ámbito educativo», ha dicho Vidina Espino al consejero de Educación.
Poli Suárez ha admitido que el debate es necesario pero ha defendido que debe abordarse a medio plazo y «sin pasiones ni vehemencia, de forma sosegada».
«Es importante que este debate se abra sin complejos, escuchando a profesionales que están a favor de una herramienta, a los que son contrarios a las nuevas tecnologías y a los que defienden que ambos modelos son positivos», ha respondido Poli Suárez.
Mientras tanto, ha defendido la estrategia para la educación digital en Canarias, que está favoreciendo el despliegue tecnológico en todos los centros educativos, en algunos de los cuales ni siquiera habían visto una pizarra digital, ha advertido.
Esa estrategia incluye adaptar el sistema educativo a la era digital y la formación de los estudiantes, los docentes y las familias.
«En todos los centros educativos de esta tierra se trabaja de manera responsable sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, hay que seguir formando al personal docente, a las familias y al alumnado», ha defendido.
Vidina Espino ha encontrado el apoyo de otros grupos parlamentarios, como el mixto, cuyo representante, Raúl Acosta, de AHI, ha señalado que Canarias está a tiempo de modular el uso de las tecnologías en las aulas, ahora que empieza a haber consenso en que ha deteriorado el rendimiento académico y el desarrollo cognitivo del alumnado.
Javier Nieto, de Vox, ha dicho que no se trata de estar a favor o en contra de la tecnología, puesto que ha venido para quedarse, pero sí de estar advertidos de que su uso indiscriminado puede causar graves perjuicios.
Carmen Hernández, de Nueva Canarias, ha coincidido en que cada vez hay más indicios de que el uso indiscriminado de la tecnología en las aulas puede perjudicar la memoria, la concentración y el rendimiento, pero ha apostillado que no se pueden perder de vista los beneficios pedagógicos de los recursos digitales ni que la sociedad es ya de hecho digital.
Para Sonsoles Martín, del PP, la adquisición de competencias digitales es clave en la educación, si bien ha defendido que el uso de la tecnología en las aulas tenga un propósito educativo.
Por el PSOE, el diputado Marcos Hernández, al igual que el consejero, ha abogado por un «debate sosegado» sobre este asunto teniendo en cuenta la posición de todas las partes.
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