Santa Cruz De Tenerife, 13 ene (EFE).
– El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado la consulta pública para elaborar la nueva Ordenanza de Movilidad, en la que se pretende que participen los colectivos implicados, como peatones, personas con discapacidad, comerciantes o ciclistas, entre otros.
Según ha informado este martes el consistorio en una nota, la intención es cumplir con los plazos normativos, empezando con esta consulta pública previa, para a continuación redactar el proyecto definitivo acompañado de la memoria de análisis de impacto normativo, según ha detallado el alcalde, José Manuel Bermúdez.
En el comunicado, Bermúdez ha manifestado que el procedimiento continuaría con la elevación del proyecto normativo al Pleno municipal para su aprobación inicial, que luego se somete a información pública durante otro mes.
Este trámite se produce después de que el Ayuntamiento retirase el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de anular la anterior normativa para poder redactar una nueva, habida cuenta de que las sucesivas decisiones judiciales respecto a la ordenanza han provocado que la normativa de movilidad vigente en la ciudad sea de 1985.
Una vez pasado el proceso de información pública se recogen las alegaciones presentadas y, en su caso, se modifica el texto normativo.
«Su importancia radica en que el municipio precisa una ordenanza en esta materia que contemple los nuevos escenarios que se dan en la ciudad, así como los diferentes modos de transporte y desplazamientos, donde deben convivir con el uso peatonal de la capital», ha expresado.
Desde la web, las preguntas a las que son convocados los colectivos implicados a su participación se concentran en cuatro grandes bloques, tales como problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; necesidad y oportunidad de su aprobación; objetivos de la norma y posibles soluciones regulatorias y no regulatorias, ha apuntado la concejala responsable, Evelyn Alonso, que ha indicado que el plazo se extiende hasta el 14 de febrero de este año.
En el primer apartado se pretende la elaboración de una nueva ordenanza de tráfico para responder a un conjunto de problemas estructurales y emergentes que afectan al modelo de movilidad urbana del municipio, mientras que en el segundo se explicita la necesidad de la ordenanza para solventar problemas reales que afectan a la seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y convivencia urbana.
La tercera cuestión que sale a debate, según la concejala, tiene que ver con los objetivos de la norma, que de manera general se sintetiza en la finalidad de regular la circulación de vehículos, bicicletas, VMP y peatones, preservando la seguridad vial, el uso peatonal y la movilidad sostenible.
En el cuarto apartado se busca analizar las diferentes alternativas (regulatorias y no regulatorias) para afrontar los problemas diagnosticados en materia de movilidad urbana, preceptivo para justificar que la ordenanza «constituye la opción más eficaz, proporcional y eficiente conforme a la legalidad vigente”, concluye el Ayuntamiento.
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