Santa Cruz de Tenerife, 11 feb (EFE).
– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles una iniciativa de respaldo a los funcionarios de instituciones penitenciarias para que sean considerados agentes de la autoridad y en la que se pide la reforma integral del Centro Penitenciario Tenerife II o su sustitución por una nueva prisión.
La proposición no de ley ha sido defendida por la diputada de CC Vidina Espino, quien ha aceptado enmiendas de PP, PSOE y AHI, pero no una de Nueva Canarias en la que se pedía el traspaso a la Comunidad Autónoma de las competencias sobre prisiones, previsto en el Estatuto de Autonomía.
Además de pedir al Gobierno de España que reconozca a las funcionarias y los funcionarios de instituciones penitenciarias como agentes de la autoridad, el Parlamento canario reclama la actualización del complemento de indemnización por residencia aplicable al personal penitenciario destinado en las islas.
Otra demanda es la revisión de la relación de puestos de trabajo de los centros penitenciarios de Canarias, de manera que se incrementen las plantillas en todas las áreas funcionales.
Se trata de establecer una relación equilibrada entre el número de personal y de población interna, garantizando la seguridad, el funcionamiento adecuado de los centros y la correcta prestación de los servicios orientados a la reinserción.
En la propuesta se defiende establecer un sistema de conducciones y traslados de personas internas, tanto judiciales como sanitarios, que no dependa exclusivamente de la disponibilidad de otros cuerpos de seguridad y reforzar la dotación de personal sanitario en los centros penitenciaros del archipiélago.
En cuanto a Tenerife II, el Parlamento demanda un compromiso para su reforma integral con calendario de ejecución y dotación presupuestaria suficiente.
Es necesaria la sustitución total de los módulos y dependencias existentes o, en su defecto, la construcción de un nuevo centro penitenciario en una ubicación alternativa adecuada, plantea el Parlamento.
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