Las Palmas de Gran Canaria, 24 abr (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha acordado este viernes la legalización territorial de dos explotaciones ganaderas ubicadas en los municipios de El Rosario (Tenerife) y Agüimes (Gran Canaria), una medida con la que el Ejecutivo autonómico eleva a 38 el número de fincas regularizadas desde el inicio de la legislatura.
La decisión ha sido adoptada por el Consejo de Gobierno conforme al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial, que permite conceder autorización tanto a la actividad ganadera como a las edificaciones e instalaciones vinculadas a ella.
Las explotaciones regularizadas están dedicadas al ganado porcino y ovino y forman parte del proceso de reactivación de regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
De acuerdo con el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las instalaciones se encuentran dadas de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y, según un estudio comparativo de fotografías aéreas elaborado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias.
Esta circunstancia permite aplicar la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que faculta al Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y con el informe favorable de los departamentos competentes en ordenación del territorio y medio ambiente, a acordar la legalización territorial y ambiental de explotaciones ganaderas en funcionamiento que carecían de los títulos administrativos correspondientes.
El acuerdo establece, además, una serie de actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse en un plazo de dieciocho meses a partir de la notificación, prorrogables por otros nueve meses, como requisito para completar la legalización.
Estas autorizaciones se enmarcan en un plan dirigido a regularizar explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado los trámites exigidos, en un procedimiento que implica a cabildos, ayuntamientos y a distintos órganos de la Administración autonómica, como la Dirección General de Protección de la Naturaleza y la Dirección General de Ordenación del Territorio.
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