Puerto del Rosario (Fuerteventura), 14 may (EFE)- Varias entidades sociales majoreras y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias han anunciado este jueves actuaciones judiciales al advertir posibles irregularidades en el concierto social de servicios de atención a la dependencia del Cabildo de Fuerteventura.
La Asociación de Fuerteventura de Familias de Personas con Alzheimer (AFFA) y la de cuidadoras Acufade han explicado, en un comunicado, que el origen de esta situación se encuentra en el procedimiento mediante el cual el Cabildo ha organizado la prestación de un servicio social especializado financiado con fondos públicos.
La gerente de AFFA, Teresa Cabrera, la directora de Acufade, Elena Felipe Pérez, y la responsable del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, Emma Colao, han coincidido en que el problema no afecta únicamente a un procedimiento concreto, sino al precedente que puede generar para todos los servicios sociales especializados de Canarias.
Según han explicado las entidades comparecientes, la preocupación surge al haberse permitido la continuidad de un procedimiento en el que existirían dudas sustanciales sobre el cumplimiento de la acreditación específica exigible para prestar el servicio objeto del concierto.
Las entidades han recordado que la acreditación no es un simple trámite administrativo, sino una garantía mínima que permite comprobar que una entidad cuenta con los medios, la organización, los equipos profesionales y las condiciones técnicas necesarias para prestar un servicio social especializado con seguridad y calidad.
Por ello, han advertido de que permitir la prestación de estos servicios sin las acreditaciones legalmente exigibles supone un riesgo para las personas usuarias, para sus familias y para el conjunto del sistema público de servicios sociales.
Desde AFFA, Teresa Cabrera, ha explicado que la entidad ha agotado todas las vías de advertencia, comunicación y solicitud ante las administraciones competentes antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
“AFFA no ha llegado a este punto por voluntad de confrontación, sino por responsabilidad con las personas y familias de Fuerteventura”, ha apuntado.
“Con fecha de martes 12 de mayo hemos interpuesto recurso contencioso-administrativo con solicitud de medidas cautelarísimas, como último recurso ante un procedimiento que el propio Cabildo ha dado por finalizado pese a las advertencias realizadas”, ha señalado Cabrera.
Por su parte, Elena Felipe Pérez ha alertado de que el caso de Fuerteventura puede abrir un precedente grave para el conjunto de entidades acreditadas de Canarias.
“Ignorar la obligación legal de las acreditaciones no solo afecta a un procedimiento concreto, afecta a todas las entidades que durante años han cumplido requisitos técnicos, profesionales, materiales y organizativos para poder prestar servicios especializados con garantías”, ha afirmado Felipe.
Colao, ha explicado que, “una vez el Observatorio ha tenido traslado de toda la documentación y ha revisado minuciosamente el procedimiento, hemos decidido interponer denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen posibles delitos contra la Administración Pública, al apreciar indicios sustanciales de prevaricación administrativa”.
Las entidades han insistido en que la defensa de las acreditaciones no responde a un interés particular, sino a la necesidad de proteger la calidad, la dignidad y la seguridad de los servicios sociales en Canarias.
Asimismo, han reclamado a las administraciones competentes que actúen con transparencia, diligencia y responsabilidad, y han advertido de que permitir la prestación de servicios sociales especializados sin las garantías exigibles supone trasladar el riesgo a las personas y familias que acuden a la administración buscando protección.
Las organizaciones han concluido que los servicios sociales no pueden sostenerse sobre atajos administrativos ni sobre interpretaciones que rebajen los requisitos legales.
En palabras de las entidades, “cuando se debilitan las acreditaciones, se debilita el derecho de la ciudadanía a recibir servicios seguros, dignos y garantizados”.
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