Santa Cruz de Tenerife, 23 jun (EFE).
– La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha denunciado este martes que el Gobierno de Canarias tramitó la concesión de una piscifactoría marina frente a la costa de Adeje sin informar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que tiene la atribuye la gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Franja Marina Teno-Rasca.
Según informa la organización ecologista en un comunicado, tuvo conocimiento de esta circunstancia tras una solicitud de acceso a la información pública y asegura que la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO reconoció en un oficio fechado el 15 de junio que no tuvo constancia del proyecto hasta el pasado 22 de mayo.
ATAN señala que la empresa SOCAT Canarias S.
L.
obtuvo en febrero de 2026 la concesión para instalar una explotación acuícola en la Zona de Interés Acuícola ZIA-TF-5, entre las playas del Veril y de Troya, en el municipio de Adeje.
El proyecto contempla la instalación de 24 jaulas de producción de 25 metros de diámetro distribuidas en dos estructuras permanentes sobre una superficie de 45 hectáreas de fondo marino, con una producción anual prevista de 3.
000 toneladas de lubina, dorada y medregal, detalla la nota.
La asociación sostiene que esta zona coincide con la ZEC marina Franja Marina Teno-Rasca, integrada en la Red Natura 2000 y protegida por la presencia de especies como el delfín mular y la tortuga boba, entre otras.
ATAN afirma que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria no solicitó el informe de afección que considera preceptivo conforme a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley de Evaluación Ambiental.
Según la organización, fue el propio MITECO el que requirió posteriormente a la Consejería la documentación del proyecto, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias y el plan de vigilancia ambiental.
Además, ATAN asegura que el procedimiento presenta otras irregularidades, entre ellas la ausencia del estudio de impacto ambiental en la documentación sometida a información pública, la falta del informe de compatibilidad con las estrategias marinas y deficiencias en el acceso al expediente administrativo.
La organización ecologista reclama la paralización definitiva del procedimiento al considerar que la instalación de una granja marina es incompatible con la conservación de los valores naturales de este espacio protegido y anuncia que continuará ejerciendo acciones legales para impedir su desarrollo.
EFEbrr/spf