Clavijo dice que los acuerdos extrajudiciales por la moratoria evitan pagar mil millones

Santa Cruz de Tenerife, 10 sep (EFE).

– El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este jueves en el pleno del Parlamento los acuerdos extrajudiciales con empresas turísticas derivados de la moratoria, porque han permitido por ahora que se pagasen 261 millones de euros de indemnización en vez de 1.

000 millones si hubiera continuado la vía judicial.

Clavijo ha defendido ese compromiso frente a los argumentos del diputado de Nueva Canarias Luis Campos, quien ha definido el acuerdo pactado entre el Gobierno y los particulares y empresas que tenían sentencias indemnizatorias como «manipulación, trampa y rendición absoluta» y lo ha vinculado a la no aplicación del artículo 17.

1 de la Ley 6/2009, no a las leyes de moratoria de 2001 y 2003.

Los acuerdos están en torno a 500 millones de euros y dejan la propiedad de los suelos a estos particulares y empresas e intactos sus derechos urbanísticos, ha señalado Campos.

Eso no es «defender los intereses de Canarias» pero sí los de particulares y empresas, a quienes les han dado todo lo que han pedido en lo que supone «una rendición absoluta», ha subrayado.

Según Campos, es falso que esas indemnizaciones sean consecuencia de la moratoria del 2001 y del 2003, porque todas las sentencias sobre esas leyes fueron finalmente a favor de la Comunidad Autónoma en el Tribunal Supremo y supusieron «cero euros de indemnizaciones».

Las sentencias que derivaron en indemnizaciones vienen de la no aplicación del artículo 17.

1 de la Ley 6/2009, dijo Campos, por lo que no se puede derivar la responsabilidad a todas las leyes de moratoria.

Clavijo respondió que las sentencias condenatorias fueron del año 2008 y precisamente la ley del 2009 y el artículo 17.

1 «vienen para dar respuesta a la ley o a las Directrices de Ordenación del Territorio que ustedes hicieron en el año 2003».

Las sentencias condenatorias fueron 36 por un importe de 1.

000 millones de euros, y por eso se ha buscado un acuerdo extrajudicial validado por los juzgados por el que se han pagado 261 millones de euros, aunque algunos propietarios no han querido suscribirlo.

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