El Parlamento pide más peso para cabildos y ayuntamientos en el Consejo Cartográfico

Santa Cruz de Tenerife, 10 sep (EFE).

– Todos los grupos del Parlamento de Canarias salvo Vox han consensuado una propuesta de resolución por la que solicitan un mayor peso de cabildos y ayuntamientos en el Consejo Cartográfico de Canarias, así como la publicación de todas sus actas y dictámenes.

Lo han hecho durante la comunicación al pleno, por parte del consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, de la aprobación del decreto que regula el reglamento del Consejo Cartográfico regional, que actualiza este organismo, creado en 1994, e incorpora todos los avances tecnológicos que se han producido desde entonces.

«La sociedad de la información y el uso del dato lo cambian todo», ha proclamado Manuel Miranda, quien ha resumido los objetivos de esta actualización del Consejo en disponer de «información objetiva» y compartirla entre las diferentes administraciones, así mejorar la coordinación y tomar «mejores decisiones».

Otros objetivos, ha añadido el consejero, son facilitar la toma de decisiones y aportar seguridad jurídica.

El motivo de esta iniciativa normativa es sentar las bases de la actualización de todo el sistema cartográfico, no solo a las nuevas tecnologías, sino también en relación con la normativa estatal y europea.

La idea es hacer del Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN) una herramienta accesible para todas las administraciones.

Este sistema está formado por diferentes instrumentos como el Plan Cartográfico de Canarias, la Cartografía Oficial, el Registro Cartográfico de Canarias, la Infraestructura de Datos Espaciales (IDECanarias), el Nomenclátor Geográfico de Canarias y la Red Geodésica Activa.

El decreto incorpora como anexo el reglamento que regula las funciones del órgano y su organización, así como las del pleno, la comisión permanente y las comisiones especializadas para asistencia técnica.

Se garantiza la representación de otras administraciones, así como expertos tanto procedentes de las universidades como de la sociedad civil, y se recoge la posibilidad de constituir comisiones especializadas para el análisis de asuntos concretos.

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