Arrecife (Lanzarote), 16 sep (EFE).
– El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ha iniciado el expediente para aceptar la titularidad de 42 viviendas en Playa Blanca (Yaiza), que serán destinadas al alquiler asequible, según ha informado este miércoles la Consejería responsable de esta materia en un comunicado.
La actuación se enmarca en el convenio de cooperación suscrito entre el Icavi y el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, que adquirió las viviendas con la cofinanciación del citado organismo regional para proceder posteriormente a la cesión de la titularidad al Gobierno de Canarias.
El acuerdo articuló una financiación conjunta entre ambas administraciones, con una aportación de más de seis millones de euros por parte del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa y de millones de euros por parte del Icavi.
Se trata de 42 viviendas unifamiliares adosadas, ubicadas en la Urbanización Montaña Roja de Playa Blanca.
En conjunto, la promoción dispone de 4.
016,72 metros cuadrados de superficie útil de vivienda, además de los espacios destinados a garajes y los elementos comunes de la promoción.
Las viviendas se destinarán al alquiler asequible y su adjudicación se realizará entre las personas o unidades de convivencia inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias.
Una vez que las viviendas hayan sido incorporadas formalmente al parque público del Icavi, el correspondiente procedimiento de adjudicación se publicará en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
El sistema específico de adjudicación previsto establece, además, una atención preferente a las personas residentes o trabajadoras en Yaiza y, en su caso, en los municipios colindantes, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
El procedimiento contempla 23 viviendas, el 55 % de la promoción, reservadas para cupos especiales, mientras que las 19 restantes, el 45 %, se destinan al cupo general.
Entre los cupos especiales se incluyen personas con limitación, movilidad o comunicación reducida; personas de hasta 35 años; personas de 65 o más años; y víctimas de violencia de género.
El procedimiento tendrá en cuenta circunstancias como la situación económica, la necesidad de vivienda, la composición de la unidad de convivencia o el tiempo de residencia en el municipio.
La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, ha subrayado que “la colaboración entre administraciones es fundamental para movilizar recursos, aprovechar viviendas ya disponibles y dar una respuesta más rápida a las personas que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda a precios de mercado”.
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