Santa Cruz de Tenerife, 5 oct (EFE).
– El administrador de Médano Beach Sur SA propietarios del plan parcial Médano Park ha declarado este lunes que el Ayuntamiento de Granadilla les perjudicó y los llevó a la ruina al reducir la edificabilidad en un 30%, pese a que el entonces alcalde, Jaime González Cejas, era accionista de la entidad.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge el juicio por supuesta prevaricación del que la Fiscalía acusa al exalcalde y a seis exconcejales por haber promovido la aprobación de esta actuación pese a conocer que el exalcalde pasó de poseer 13 acciones a 440 por las que obtuvo 212.
500 euros de beneficio.
El entonces administrador ha dicho que cuando se llevó a cabo la ampliación del capital él ya no ostentaba este cargo y ha afirmado que no se acordaba cuando la fiscal le preguntó si los pagos por ser socio eran periódicos o puntuales.
La exalcaldesa Carmen Nieves Gaspar Rivero, que sustituyó a González Cejas en 2007, presentó en su momento una querella por considerar que la anterior corporación promovió acuerdos que beneficiaban al exalcalde o que el valor de las parcelas era muy inferior al real.
Ha recordado que el exalcalde aprobó dos decretos para iniciar la aprobación y que nunca se ausentó de las juntas de gobierno correspondientes, si bien es cierto que no recordaba lo que ocurrió en el pleno cuando se dio el visto bueno definitivo al documento.
En realidad, en su momento tuvo que acudir a un acto de conciliación para rectificar que no estuvo presente, “me equivoqué y lo reconocí pero mantuve lo principal de la denuncia”, dijo.
También solicitaron un informe sobre incompatibilidades de cuyas conclusiones se había olvidado por los 20 años transcurridos, lo que según los abogados de la defensa era “llamativo” dado que en el mismo se reflejaba que no existía ilegalidad alguna.
El secretario del Ayuntamiento, Manuel Ortiz Correa, que ha ocupado el cargo desde 1996 hasta ahora de forma intermitente, ha declarado que el voto del alcalde en las juntas de gobierno no era relevante, que se trataban de acuerdos de trámite que no generaban derechos y que se ausentó en la sesión plenaria de la aprobación definitiva.
En aquel entonces el acceso a la declaración de bienes de los cargos públicos era restringida y por ello en un principio no estuvo al tanto de que el entonces primer edil era accionista y tampoco le consta que se ausentara en alguna de las sesiones en las que se trató el documento.
Ha asegurado que los informes siempre fueron favorables y que por lo tanto se actuó dentro de la legalidad, “nunca vi ninguna irregularidad, todo era correcto”, ha dicho.
En la sesión de hoy también han declarado dos técnicas de la antigua Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario, quienes han señalado que impusieron determinados reparos, todos ellos subsanables como que el plan parcial no se adaptaba a la nueva normativa, dotación de aparcamientos o edificabilidad.
Ambas han indicado que nunca se les informó si el Ayuntamiento había corregido estos errores después de ir a la antigua Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) desde donde se emitieron informes positivos pero condicionados, con estas correcciones.
Finalmente, el entonces alcalde ha ratificado ante la Junta General de Accionistas de la entidad mercantil la venta de sus 440 acciones desvinculándose totalmente de la sociedad a partir de ese momento.
En un principio la fuerza política Sí Se Puede (SSP) presentó una denuncia por malversación y prevaricación por lo que llegaba a pedir 53 años de cárcel pero al retirarse la única acusación es la de la Fiscalía que solicita 10 años de inhabilitación para García Cejas y entre 7 y 4 para los demás.
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