Santa Cruz De Tenerife, 19 nov (EFE).
– La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado la petición de extradición cursada por los autoridades marroquíes para que sea enjuiciado un ciudadano de ese país por presuntamente promover la inmigración irregular.
El motivo es que en España la pena para este tipo de delitos es de una multa de 3 a 12 meses y un máximo de un año de cárcel y, según la legislación española, para dar vía libre a una extradición es preciso que el delito en las leyes españolas abarque un mínimo de dos años de prisión.
La AN recibió en noviembre de 2025 una comunicación de Interpol en la que se daba cuenta de la detención llevada a cabo en Arrecife del acusado por este supuesto delito castigado en Marruecos con hasta 20 años de privación de libertad.
En ese mismo mes se celebró un juicio en el Juzgado central en el que la Fiscalía y defensa del procesado pidieron la libertad provisional del detenido, tal y como se acordó, imponiendo algunas condiciones para ser localizado.
En el mes de enero de este año el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió una solicitud de extradición y luego se acordó la continuación de los trámites para devolver al reclamado a su país de origen.
La justificación dada por las autoridades marroquíes es que formaba parte de una trama delictiva que organizaba y facilitaba la salida de personas desde lugares de la costa marroquí que no contaban con controles de ningún tipo.
Los hechos que motivaron la solicitud fue la denuncia presentada por una persona que quería emigrar a las Islas Canarias y para ello estableció diversos contactos en Agadir con quienes se dedicaban a estas tareas y cuyo contacto en España era el reclamado.
A este se le atribuyó ser el encargado de transportar a los candidatos a ser migrantes clandestinos en lanchas neumáticas por tener gran experiencia en estas labores.
Tras pagar 30.
000 dirhams, unos 2.
800 euros, fue dirigido a una casa en Mirleft donde habían cuatro futuros migrantes más y de ahí partieron hacia Sidi Ifni donde entregaron al final un total de 150.
000 dirhams, casi 14.
000 euros, para luego no tener más noticias de los supuestos organizadores del viaje.
A continuación intentaron contactar con estos y al no poder hacerlo comprobaron que era un fraude por lo que presentaron una denuncia.
Uno de los miembros de la organización fue juzgado en Marruecos y condenado a dos años de cárcel del que sólo tendría que cumplir año y medio, suspendiéndose el resto de la pena, pero otros dos, entre los que está el reclamado, no pudieron ser detenidos al estar fuera del país.
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