Santa Cruz de Tenerife, 19 oct (EFE).
– Dos consejeros del Gobierno de Canarias presentaron fuera de plazo su declaración de bienes y otros dos no consignaban ninguna actuación en sus agendas públicas, según uno de los dos informes sobre prevención de la corrupción que ha presentado este lunes en comisión parlamentaria el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco.
El informe sobre el estatuto de los altos cargos, que examina documentación de 2024 y 2025, recoge que los consejeros de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, y de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, superaron el plazo de tres meses para presentar sus declaraciones de bienes y las entregaron tras varios requerimientos.
En cuanto a los consejeros que en las fechas en que se elaboraron estos informes no publicaban sus agendas son los titulares de Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y de Sanidad, Esther Monzón.
La falta de transparencia en las agendas no afectaba solo a los dos consejeros, sino que se extiende a 94 de los 158 altos cargos autonómicos, entre ellos varios titulares de viceconsejerías y de direcciones generales.
«La agenda es un instrumento básico para el control del conflicto de intereses», alertó Pedro Pacheco durante la presentación en la comisión parlamentaria de los dos informes de recomendaciones preventivas, uno sobre la integridad institucional de la administración autonómica y otro sobre el estatuto de altos cargos.
La Audiencia cuestiona además que en las agendas de los altos cargos no hay un criterio uniforme y algunas entradas se limitan a desplazamientos o tareas propias del puesto, pero no permiten conocer con quién se reúnen los responsables públicos ni qué asuntos tratan.
Sobre las declaraciones de bienes, Pacheco precisó que los altos cargos en general cumplen con la obligación de presentarlas y los incumplimientos fueron finalmente corregidos a lo largo del informe.
Según señala la Audiencia de Cuentas en el informe sobre el estatuto de los altos cargos, la normativa canaria de 1997 ha quedado obsoleta y entre otras medidas se reclama concretar las restricciones y las autorizaciones para trabajar en actividades privadas después del cese en el puesto, así como una verificación de su cumplimiento.
Otra de las recomendaciones es establecer al menos dos acciones anuales obligatorias de formación ética, ya que según la información facilitada a la Audiencia, solo 18 altos cargos habían recibido formación con estos contenidos en 2024, sin que se acreditara su asistencia.
En cuanto al cumplimiento de la paridad de sexos, el informe señala que en el conjunto de los 158 altos cargos analizados, había 95 hombres y 63 mujeres, aproximadamente un 60 % y un 40 %.
Sin embargo, existía una mayoría masculina muy marcada en las viceconsejerías, además de desequilibrios por departamentos, de manera que en Agricultura había ocho hombres y dos mujeres y en Bienestar Social, cuatro hombres y diez mujeres.
En cuanto al informe sobre la integridad institucional de la administración autonómica, la Audiencia de Cuentas de Cuentas advierte de que «queda mucho por hacer», ya que no existe una estrategia global, coordinada y dotada de personal para una prevención efectiva del fraude y la corrupción.
Las actuaciones preventivas se concentran en las exigencias para el manejo de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero no hay códigos éticos, de conducta o de buen gobierno de alcance general más allá de esa financiación comunitaria.
La Audiencia reprocha, además, el retraso en más de quince meses para establecer un canal protegido para los informantes de posibles irregularidades o que solo tres de las dieciocho sociedades públicas revisadas tuvieran un canal interno de denuncias adaptado a las exigencias legales.
Pacheco señaló, además, que sigue pendiente la creación de un canal externo de información ante una autoridad independiente, al que puedan acudir los informantes.
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