Las Palmas de Gran Canaria, 19 oct (EFE).
– El decreto que aprueba el reglamento para regular los requisitos de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios de la dependencia en Canarias llega al Consejo Consultivo para que emita su correspondiente dictamen tras aprobarse la propuesta de acuerdo en el Consejo de Gobierno de este lunes.
En un comunicado, el Ejecutivo regional ha destacado que este texto pretende adaptar la regulación canaria a los criterios comunes de acreditación y calidad, así como simplificar los procedimientos administrativos para facilitar la incorporación de nuevos recursos a la red de atención a las personas en situación de dependencia.
En ese sentido, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha asegurado que gracias al proceso que se regula en este decreto, se podrá garantizar «un marco de referencia de calidad de centros y servicios, que incluye un sistema de evaluación de la misma y mecanismos de mejora constante de los distintos recursos».
«Además, con este nuevo reglamento apostamos por una normativa basada en la dignidad y el respeto, centrada en la persona, que vele por su autonomía y capacidad de elección y que garantice su bienestar personal y la proximidad a su comunidad», ha recalcado la responsable de Bienestar Social.
Bajo estos criterios, el nuevo decreto regulará los requisitos de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, sustituyendo al actual, que data de 2012, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios en materia de atención a personas en situación de dependencia en Canarias.
Entre las novedades se destaca la diferenciación entre el régimen de funcionamiento y el régimen de acreditación, de tal forma que, el funcionamiento de centros y servicios se articula mediante declaración responsable.
En cambio, en materia de acreditación se establece un régimen diferenciado para centros y servicios atendiendo a la naturaleza de los requisitos de comprobación y a la necesidad de simplificar y agilizar el proceso administrativo.
En relación con los servicios, se establece un régimen de declaración responsable de acreditación, lo que permite agilizar la incorporación de recursos al sistema público, reduciendo cargas administrativas y tiempos de tramitación.
Por su parte, en referencia a los requisitos materiales, funcionales, organizativos, de personal y de calidad previstos, se adecúan a los criterios mínimos comunes aprobados por el Consejo Territorial, con el fin de establecer un marco que garantice la calidad de la atención y los derechos de las personas usuarias y, al mismo tiempo, evite que la regulación autonómica genere obstáculos innecesarios para la incorporación y permanencia de centros y servicios en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, señala el Ejecutivo en su nota.
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