Las Palmas de Gran Canaria, 19 oct (EFE).
– El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de acuerdo por el que se toma en consideración el Proyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia y se solicita dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre él.
La nueva ley Canaria de Infancia y Adolescencia busca dar respuesta a la necesidad de adecuar al actual marco normativo autonómico a las nuevas necesidades y riesgos que afectan a la infancia y la adolescencia.
Para ello, establece un marco legal adaptado a la realidad social actual con el fin de garantizar la protección integral de la infancia y la adolescencia en un mundo marcado por las profundas y continuas transformaciones sociales actuales, asegura el Ejecutivo.
Entre los objetivos perseguidos por el proyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, se encuentran incluir, por primera vez, un título regulador de los derechos de las personas menores de edad, en algunos casos adaptando los ya existentes, y se redefinen como principios rectores de la protección de las personas menores de edad a través de la promoción del ejercicio de sus derechos, la prevención y detección en situaciones de riesgo y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela.
De esta manera, se busca garantizar la protección del interés superior del menor de edad, así como facilitar a las personas menores de edad el efectivo ejercicio de sus derechos, entre los cuales se encuentra el derecho a ser oídas y escuchadas, para que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les afecten.
La nueva normativa establece el buen trato como aspiración al máximo desarrollo integral de la población infanto-juvenil y la promoción de entornos seguros, contemplando para ello medidas frente a cualquier tipo de violencia hacia las personas menores de edad y regular el derecho a la inclusión social, abarcando a las personas menores de edad con diversidad funcional, personas menores de edad migrantes y personas menores de edad procedentes de minorías culturales.
Además, establece la promoción por parte de las administraciones de una participación inclusiva y efectiva de las personas menores en todos los ámbitos y reconoce su capacidad para contribuir a su propio desarrollo y al entorno social, mediante la constitución de órganos de participación integrados por niños y adolescentes.
Igualmente, la nueva normativa llama a tomar conciencia sobre la realidad de las personas extuteladas, garantizando la atención en sus procesos de tránsito a la vida adulta y acompañamiento en la emancipación, que permitan la incorporación progresiva a la ciudadanía activa.
Además, se implementa un conjunto de medidas para proteger al colectivo menor en el entorno digital actual, tales como la educación sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías.
EFEas