Santa Cruz de Tenerife, 20 nov (EFE).
– Unidad del Pueblo Canario y Frente Amplio han acusado este viernes a CC y PP de incumplir la ley de Memoria Democrática al no retirar el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife, un hecho a su juicio «muy grave» en una ciudad en la que aún hay familias «buscando a las víctimas del bando fascista».
La cabeza de lista de Unidad del Pueblo Canario (UPC) al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, Marisol Collado, y del Frente Amplio por Madrid, Verónica Barbero, han convocado este viernes un acto informativo con este motivo delante del monumento a Franco en la capital tinerfeña, en coincidencia con el 51 aniversario del fallecimiento del dictador.
Verónica Barbero ha señalado que le parece «mentira» que haya que explicar por qué no debería haber monumentos al franquismo en España y ha recordado que el Gobierno nacional ha tramitado la orden para que sea retirado, pero «sorprendentemente», ha continuado, PP y Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife «están haciendo todo lo que pueden para que eso no se produzca».
Barbero ha advertido que este hecho es «muy grave» en una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, «en la que fueron perseguidos muchísimos sindicalistas y represaliados muchísimos representantes democráticos», y en la que hay familias aún buscando a las víctimas del bando fascista.
Pero es que además, ha proseguido, hay legislación estatal y autonómica en materia de Memoria Democrática que CC y PP están incumpliendo, a lo que la cabeza de lista de UPC al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Marisol Collado, ha opinado que el monumento simboliza una etapa que «queremos olvidar».
«El monumento a la Victoria no puede seguir aquí si tenemos en cuenta no solo la represión, los asesinatos, las torturas, sino el período de hambre, escasez y miseria que tuvo toda la posguerra y la época franquista, de tal manera que toda la sociedad canaria estuvo sufriendo unas condiciones de vida tremendamente duras y penosas», ha apostillado.
Ha añadido que la intención no es que el monumento se destruya sino que se conserve sin exhibición y que se documente históricamente, pero no tenerlo en un lugar «preponderante, exhibiéndolo como si fuera realmente una victoria cuando fue un desastre: primero un golpe de Estado y, en segundo lugar, un desastre para las condiciones de vida de nuestros habitantes», ha puntualizado Collado.
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