Las Palmas de Gran Canaria, 20 nov (EFE).
– Coalición Canaria-Primero Canarias exigirá al Estado un convenio de infraestructuras Turísticas, dotado con 20 millones de euros anuales, que se destinará a la de renovación de las zonas turísticas y comerciales de las islas «para mejorar la vida de quienes viven» en ellas «todo el año».
Así lo ha planteado este viernes al visitar el centro comercial Metro de Playa del Inglés (Gran Canaria) el cabeza de lista de esta coalición al Congreso por Las Palmas, Teodoro Sosa, quien ha recalcado que este era uno de los compromisos incluidos en la llamada Agenda Canaria que se ha «incumplido por la falta de nuevos presupuestos estatales» en esta legislatura «y la prórroga, años tras año, de la partida establecida en 2023».
A juicio de Sosa, «la riqueza que genera el turismo debe llegar a todos los hogares canarios por medio del incremento de salarios y el acceso a una vivienda digna».
Acompañado por el candidato al Senado por Gran Canaria Samuel Henríquez, y por el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, ha aludido al «doble beneficio» de estas actuaciones, al admitir que «no siempre presentamos la mejor imagen», por lo que ha considerado que este convenio bilateral ayudará a tener una «mejor carta de presentación», ya que ayudará a rehabilitar espacios públicos, dotaciones y centros comerciales.
El candidato ha planteado la necesidad de «mejorar los salarios de quienes viven» en las zonas turísticas de las islas «en los convenios colectivos siempre y cuando pueda haber una desgravación de la cuota patronal de la Seguridad Social de los empresarios», al estimar que «si se consiguen mejorar esos salarios, también crece la calidad del destino», según ha afirmado en un comunicado difundido por la confluencia electoral.
Consciente de que «el sur turístico necesita alojamiento para los que trabajan» en él, Sosa ha avanzado que CC-Primero Canarias también «exigirá un plan de vivienda acorde a las necesidades y a la población actual que tiene Canarias».
«Todos tenemos que hacer nuestros deberes, los ayuntamientos cediendo suelo y el Gobierno de Canarias planificando la construcción de viviendas, pero el Estado tiene que poner también financiación y exigimos 200 millones de euros cada año para rehabilitar viviendas y construir nuevas, para ayudar al alquiler de los jóvenes y que puedan tener avales a las hipotecas», ha referido.
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