Santa Cruz de Tenerife, 19 ene (EFE).
– La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acogido este lunes el juicio a un oficial administrativo de dos empresas que ha sido acusado del delito de estafa y que ha aceptado una pena de dos años de prisión y devolver los 65.
000 euros de los que se apropió por medio de cheques y pagarés falsificados.
Según la Fiscalía, el procesado se aprovechó de su cargo para cobrar de forma fraudulenta entre 2019 y 2020 hasta una treintena de documentos a los que daba apariencia de ser lícitos tras rellenarlos y firmarlos de forma fraudulenta con cantidades que oscilaban entre los 300 euros como mínimo hasta un máximo de 3.
000.
Al principio la Fiscalía cuantificó lo defraudado en 59.
700 euros pero el acuerdo de conformidad alcanzado, suma 65.
000 a razón de 1.
722 euros mensuales a lo largo de tres años, período en el que se suspende la entrada en prisión si no comete ningún delito y en caso de pagar una cuota deberá abonar la totalidad de la deuda.
También se le impuso una multa de 1.
050 euros, al considerar probado que el montante global de lo defraudado fue incorporado por el acusado a su patrimonio.
En principio el Ministerio Público pedía 4 años de cárcel, y que se le abonara a una de las entidades que administraba algo más de 29.
000 euros y a la otra casi 29.
000.
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