Las Palmas de Gran Canaria, 21 abr (EFE).
– El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto por el que creará la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, dirigida a 137.
000 potenciales usuarios, y con la que se facilitará el acceso a sus derechos.
Esta tarjeta la podrán obtener las personas residentes en Canarias que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33 %, de forma que cuenten con un instrumento útil, no sólo para acreditar de forma simple, rápida e inequívoca ante cualquier instancia pública o privada tal condición, sino también para facilitar su acceso a los derechos de diversa naturaleza que conlleva la condición de persona con discapacidad, destaca el Ejecutivo regional en un comunicado.
La Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad será un documento público, personal e intransferible que tendrá como finalidad la acreditación fehaciente del grado de discapacidad de la persona titular.
La ventaja de este sistema es que podrá utilizarse a través de una aplicación móvil específica, con lo que se evita tener que llevar a diario el decreto de resolución de su grado.
Además, el Gobierno de Canarias ha autorizado la realización del gasto, con cargo a la anualidad 2025, de 38 millones de euros, que conlleva las aportaciones dinerarias a favor de los ayuntamientos canarios para financiar parte de la actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a iniciativa de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, proyectan suscribir un protocolo general de actuación, a efectos de que los ayuntamientos de la comunidad autónoma puedan seguir dando continuidad a los programas que vienen realizando en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria con cargo a la anualidad 2025, todo ello en el marco del Plan Concertado de Servicios Sociales y Prestaciones Básicas Sociales.
A través de estos fondos, se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y a los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, entre ellos, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social.
Con ellos también se financian los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las islas.
EFEpcr