Santa Cruz de Tenerife, 4 nov (EFE).
– Coalición Canaria cifra en cerca de 900.
000 las personas afectadas por los problemas de acceso a la vivienda en las islas, casi el 40% de la población del archipiélago.
Esta estimación ha sido expuesta por la candidata de CC al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, quien ha reclamado medidas para proteger a las familias inquilinas e incentivar a los pequeños propietarios a ofrecer alquileres asequibles.
Valido ha explicado que esta estimación incluye a las aproximadamente 680.
000 personas que viven de alquiler, a los jóvenes que no han podido emanciparse y continúan viviendo con sus padres, a quienes han tenido que regresar al hogar familiar porque no pueden afrontar el alquiler o la hipoteca y a las personas que, tras una separación o un divorcio, han perdido el derecho a residir en la vivienda familiar.
Ante esta realidad, la candidata ha defendido la necesidad de impulsar medidas que protejan tanto a las familias inquilinas como a los pequeños propietarios.
Entre las propuestas planteadas por Coalición Canaria figuran, además, limitar la compra de viviendas en Canarias a personas no residentes, impedir que los fondos de inversión y los grandes tenedores compitan en las mismas condiciones que los pequeños propietarios, facilitar financiación a las empresas canarias para construir vivienda protegida y establecer avales que ayuden a los jóvenes a acceder a una hipoteca.
Limitar la compra a no residentesUna de las principales propuestas expuestas por Valido es establecer mecanismos legales que permitan limitar la adquisición de viviendas en Canarias por parte de personas que no residen ni tienen previsto residir en las islas.
«El compromiso de que las viviendas que se vendan en Canarias serán para quienes viven aquí, para residentes en Canarias», ha señalado, al explicar que esta será una de las cuestiones que Coalición Canaria pondrá sobre la mesa ante quien aspire a la investidura.
Valido ha avisado de que la limitada oferta de vivienda y la diferencia de capacidad económica entre los compradores residentes y los inversores procedentes de otros países pueden dificultar todavía más el acceso de la población canaria a una vivienda.
También ha defendido impedir que los fondos de inversión y los grandes tenedores tengan el mismo tratamiento que los pequeños propietarios.
Financiación para construir vivienda protegidaLa candidata ha reclamado además que el Estado facilite financiación a las empresas constructoras canarias que quieran promover vivienda protegida y que encuentran dificultades para acceder a recursos suficientes.
Ha recordado que las sucesivas crisis económicas han reducido el número y la capacidad financiera de las empresas del sector en las islas, lo que limita su participación en grandes proyectos residenciales.
Asimismo, ha defendido facilitar el acceso de los jóvenes a las hipotecas mediante medidas de aval, apoyo financiero y simplificación de los requisitos bancarios.
En este contexto, ha destacado la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), que permite destinar recursos empresariales a la construcción de viviendas para alquiler asequible, siempre que no se destinen al alquiler turístico.
Revisión de la Ley del Suelo y menos burocraciaTambién ha reclamado una revisión de la Ley del Suelo para agilizar los procedimientos urbanísticos y reducir los plazos administrativos.
Ha denunciado que algunas pequeñas empresas deben esperar años para obtener licencias de construcción, una situación que, según ha explicado, puede comprometer la viabilidad de los proyectos.
En relación con la planificación territorial, ha defendido que Canarias debe abordar los límites de crecimiento poblacional atendiendo a las circunstancias particulares de cada isla y respetando las competencias y la opinión de los cabildos insulares.
Otro de los ejes de su propuesta pasa por recuperar la confianza de los pequeños propietarios para aumentar la oferta de alquiler residencial.
Valido ha afirmado que, según los datos que maneja, el 80 % de los propietarios que tienen viviendas en alquiler en Canarias son pequeños propietarios, por lo que considera necesario ofrecerles seguridad jurídica, garantías e incentivos fiscales.
En este sentido, ha reclamado que el Estado asuma los costes derivados de garantizar el pago de las rentas cuando las administraciones deban proteger a familias vulnerables sin alternativa habitacional, además de incentivar fiscalmente a quienes pongan sus viviendas vacías en alquiler de larga duración.
Además, ha criticado los anuncios del Gobierno de España sobre la construcción de miles de viviendas y la utilización de terrenos públicos y militares para desarrollar promociones residenciales.
Como ejemplo de suelo público pendiente de desarrollo, ha citado una parcela propiedad de la Sareb en Garachico, en la comarca de la Isla Baja, donde considera que podrían construirse cientos de viviendas y que, según ha denunciado, lleva 25 años paralizada.
EFEbrr/jmor(foto)