Santa Cruz de Tenerife, 23 oct (EFE).
– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha vinculado este viernes el desarrollo de los complementos de la renta canaria de la ciudadanía, como el de vivienda o educación, con una mayor implantación en las islas del ingreso mínimo vital.
Lo ha hecho en comisión parlamentaria en respuesta a la diputada de Nueva Canarias Natalia Santana, quien le ha espetado que «la ciudadanía no entiende» cómo no se activan complementos como el de la vivienda siendo un elemento clave en las altas tasas de pobreza y exclusión social que presenta la comunidad autónoma.
La consejera ha recalcado «una parte fundamental» de la Ley de la renta canaria que «a todos se nos olvida: dice claramente que es complementaria a las rentas del Estado», y ha echado en falta críticas sobre «por qué no se ha desarrollado suficientemente» el ingreso mínimo en Canarias.
Algo que permitiría al ejecutivo económico a «dedicar todos los esfuerzos económicos» a los complementos de la renta canaria.
«Aquí hay parte y parte», ha aseverado.
Natalia Santana (NC) ha censurado que los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias rechazasen en el último pleno una moción para comenzar a pagar en esta legislatura el complemento de vivienda de la renta canaria.
Sobre el particular, la consejera ha afirmado que la postura de esos partidos se alinea con el criterio de su Consejería, que es dar prioridad al acompañamiento en la inclusión social y en la inserción laboral de los perceptores de la renta, porque «lo que buscamos es que salgan de la pobreza con el empleo».
Candelaria Delgado ha subrayado que la renta canaria ha tenido «un impacto directo e identificable» y se ha erigido en «uno de los principales muros de contención de la pobreza» junto al ingreso mínimo y otro tipo de prestaciones, sin las cuales más de la mitad de los canarios estarían en riesgo de pobreza o exclusión social.
La renta canaria, ha detallado, protege este año a 22.
199 personas, de las cuales 11.
292 son titulares; y sus cuantías han aumentado esta legislatura, siendo Canarias «una de las pocas» comunidades que han reforzado sus rentas mínimas en la actual legislatura.
Así pues, se ha pasado de 565 euros de ayuda individual a 733, y entre familias monoparentales, de 1.
368 a 1.
775 euros.
Sobre el último informe AROPE, ha destacado la bajada de la tasa de pobreza severa, que sigue «en cifras altas» pero evidencia que «el escudo social está funcionando», y ha hecho un llamamiento a «seguir defendiendo» estas políticas de ayuda a los más vulnerables frente a «otras personas que quieren quitarlas».
Natalia Santana (NC) ha destacado otros datos de ese informe, como que la reducción de las tasas de pobreza y exclusión se ha estancado tras varios años de mejoría, el aumento de la pobreza entre menores, y que más de la mitad de los canarios no puede afrontar gastos imprevistos.
También ha indicado que aunque se haya revalorizado, las cuantías de la renta canaria «siguen siendo insuficientes», con una cesta de la compra «cada vez más cara» y en medio de una crisis habitacional «sin precedentes».
Con esas cuantías, «una familia canaria no puede vivir con dignidad, como mucho, sobrevivir».
Lo cual lleva a otra pregunta: «de qué le sirve al canario» que los datos macroeconómicos «no paren de crecer» y siga creciendo el gasto turístico «si no puede llegar a final de mes ni tener una vida digna».
En la misma comisión parlamentaria, la consejera de Bienestar Social ha explicado que la previsión de su departamento es culminar el desarrollo del cambio normativo sobre la figura de los conciertos sociales en la presente legislatura, y que ya están con «los últimos informes».
También ha precisado que se está ultimando el proceso de concierto social en las direcciones generales de Servicios Sociales, y de Infancia y Familia.
Aclaraciones que ha hecho en respuesta a la diputada socialista Elena Máñez, quien le ha reprochado que más allá de «márketing» y anuncios, hoy por hoy no hay firmado un solo concierto social y la actual legislatura está ya «en el tiempo de descuento».
«Le sobran titulares y le falta gestión», ha espetado Máñez a la consejera, quien ha rebatido la «idea de inactividad» que pretende transmitir de la Consejería, cuando en realidad «estamos gestionando y trabajando».
Ha esgrimido que las entidades del tercer sector «pidieron cambiar» el modelo de concierto social que dejó el anterior Gobierno de Canarias, y que han venido trabajando de la mano para acreditar a las entidades porque «de nada sirve sacar el concierto si éstas no están acreditadas y no se pueden presentar».
EFEjmor/spf