Las Palmas de Gran Canaria, 19 feb (EFE).
– La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha acusado este jueves al gobierno municipal de que aún no ha pagado ningún importe a la empresa encargada del contrato de emergencia para la limpieza y la recogida de residuos, lo que dice supondría en torno a seis millones de euros pendientes de certificar y abonar, sin contar posibles intereses de demora.
«Estamos hablando de un contrato que supone casi dos millones de euros al mes.
Si el contrato está en vigor desde noviembre, solo por los meses de noviembre a enero ya estaríamos en torno a seis millones de euros que se acumulan sin certificar y sin abonar, eso sin contar con los intereses de demora», ha indicado la portavoz en un comunicado.
Delgado ha manifestado que la gestión económica socialista se caracteriza por «no pagar en tiempo y forma, acumular obligaciones y, al final, trasladar la factura a quien venga detrás».
La edil ha señalado que el gasto diario por este concepto asciende a 273.
000 euros, pero que, «como se opera con distintos contratos –algunos incluso solapados suscritos en pandemia– y aún así continúa sin abordarse de forma eficaz una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, la ciudad sigue sin estar limpia a pesar de gastar 100 millones al año».
Subrayando que, en una sesión extraordinaria del Pleno celebrada un día antes, ella misma denunció que el gobierno municipal volvió por cuarta vez a llevar el expediente para aumentar las anualidades del contrato de recogida de residuos.
Según Delgado, esto ocurre porque los contratos no se planifican ni se licitan a tiempo, y como consecuencia se hacen modificaciones y aumentos sobre la marcha, «mientras el servicio se deteriora y la ciudad lo paga con una situación de insalubridad reconocida por los propios servicios municipales».
Por otro lado, ha recordado que el Comité de Empresa ha pedido revisar y auditar el operativo de emergencia, «por la desorganización, el desvío de efectivos hacia tareas que no responden al motivo original del contrato y la falta de control real sobre el servicio», según denunciaron esta semana.
También ha indicado que el contrato de emergencia ya está en los tribunales tras la interposición de un recurso contencioso-administrativo por una empresa, mientras el Ayuntamiento sigue sin sacar a concurso, como corresponde, los contratos ordinarios de limpieza viaria y recogida de residuos.
Delgado ha reiterado que el contrato de emergencia opera «de facto como una privatización encubierta de sectores completos del servicio» y ha solicitado que se hagan públicas las certificaciones, los controles de ejecución y el estado real de pagos; que se liciten cuanto antes los contratos ordinarios para dar estabilidad al servicio y que los costes derivados de la gestión actual no recaigan sobre los vecinos ni sobre futuros gobiernos.
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