Santa Cruz de Tenerife, 19 nov (EFE).
– El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) ha denunciado este jueves que solo se han construido dos de los 20 centros educativos prometidos hace ocho años, una situación que considera especialmente preocupante en una comarca que ha sumado 110.
560 residentes en las últimas dos décadas, un incremento del 52 %.
Según ha indicado la organización en un comunicado, el sur es la comarca de la provincia con mayor crecimiento demográfico y también con la población más joven, por lo que considera necesario adaptar las infraestructuras educativas al aumento de la demanda de plazas escolares.
Por ello, ha reclamado al Gobierno de Canarias que acelere la ejecución del plan de choque anunciado en 2024, que contemplaba diez nuevos centros y 17 ampliaciones.
En junio de 2024, el consejero de Educación, Poli Suárez, anunció en Granadilla de Abona un plan de choque con 27 actuaciones, diez centros de nueva construcción y 17 ampliaciones, con una inversión inicialmente prevista de 77,7 millones de euros hasta 2031.
Sin embargo, el CEST sostiene que dos años y medio después solo se ha ejecutado el 13,3 % de la inversión, con 10,9 millones de euros ejecutados de un total de 82,7 millones.
De las actuaciones pendientes, añade, únicamente dos se encuentran actualmente en obras.
Los dos centros nuevos terminados están en Adeje, aunque uno de ellos, el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP), ya estaba contemplado en el plan anterior.
El presidente del CEST, Javier Cabrera, considera que el ritmo de ejecución no se corresponde con la urgencia de las necesidades educativas de la comarca.
«No cabe que un plan de choque se ejecute a este ritmo.
El Sur de Tenerife no necesita más diagnósticos, necesita soluciones reales.
Es la comarca que más ha crecido, la más joven y el motor económico de la provincia, y ese motor no puede avanzar si sus infraestructuras no están a la altura de sus necesidades.
Seguimos siendo el gran olvidado», afirma.
Ante esta situación, el CEST plantea tres exigencias a las administraciones.
La primera es la publicación de un calendario actualizado de las actuaciones pendientes que detalle la situación de cada expediente, su licitación, ejecución de las obras y fecha de apertura.
También reclama que se dé prioridad a los proyectos que ya cuentan con redacción y a los relacionados con la Formación Profesional y el empleo.
Por último, propone crear una mesa de seguimiento en la que participen representantes sociales y empresariales y los ayuntamientos del sur, con el objetivo de supervisar el desarrollo de las inversiones y evaluar los resultados a partir de las obras efectivamente entregadas.
EFEbrr