Las Palmas de Gran Canaria, 10 nov (EFE).
– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un plazo de un año al alcalde de Yaiza (Lanzarote), Óscar Noda, para que contrate el proyecto de demolición parcial del Hotel Son Bou, en Playa Blanca, para dar cumplimiento a una sentencia de derribo dictada ya hace 21 años.
En un auto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC se dirige al Ayuntamiento de Yaiza y a su alcalde para requerirles que en el plazo de un año exista un proyecto de demolición y que, a partir de ese momento, el derribo ejecute los dos años siguiente.
Los costos de todo ello, precisa, deberá repercutirse a la entidad propietaria del Hotel Son Bou, la sociedad Hotel Princesa Yaiza SA.
La resolución desestima los dos recursos de revisión interpuestos por esa empresa de Lanzarote contra los decretos de la letrada de la Administración de Justicia de 17 de abril y 5 de agosto de 2024.
Esos decretos habían confirmado el requerimiento hecho al Ayuntamiento para que acometiera la demolición parcial en un plazo de tres meses.
La Sala rechaza también la petición de la empresa de suspender el incidente de ejecución.
Asimismo, el TSJC emplaza al alcalde de Yaiza a que dentro de seis meses le informe del estado de tramitación del procedimiento.
La Sala parte de lo que considera «un dato a todas luces incontestable», que la sentencia lleva dos décadas sin cumplirse, y avanza que comparte el criterio sostenido por Club Lanzarote SA, la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote.
Para los magistrados, «no puede admitirse que la ejecución de una sentencia firme, dictada en 2005 y determinante de la ilegalidad de lo construido, quede indefinidamente condicionada por la promoción sucesiva de procedimientos de legalización y por la impugnación judicial de cada una de las resoluciones que recaigan en el incidente de ejecución».
«Un mecanismo de dilación permanente»A su juicio, admitirlo convertiría la legalización excepcional y la propia tramitación del incidente «en un mecanismo de dilación permanente del cumplimiento del fallo», y eso es, añade la Sala, «lo que, muy lamentablemente, acontece» con el Hotel Son Bou.
El auto incluye en esa responsabilidad tanto al Ayuntamiento de Yaiza como a la empresa propietaria del hotel.
Según el tribunal, la firmeza de la sentencia «no tolera que el obligado» pueda «disponer unilateralmente del ritmo o de la eventualidad misma de su ejecución» reproduciendo indefinidamente solicitudes administrativas sobre un objeto ya juzgado o impugnando de forma sistemática las resoluciones que buscan, «después de décadas de espera, la satisfacción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva absolutamente ignorado por la Administración local ejecutada».
En cuanto a los recursos de revisión, el auto afirma que se trata de «actuaciones dilatorias encaminadas a prolongar de manera artificial la tramitación de este incidente».
El tribunal recuerda también, con Club Lanzarote, que un acuerdo municipal firme de 22 de enero de 2016 ya declaró imposible la legalización del edificio y ordenó su demolición, y que esta ni siquiera se ha iniciado.
La Sala estima parcialmente el incidente promovido en noviembre de 2024 por el propio Ayuntamiento de Yaiza para concretar cómo debe ejecutarse la demolición parcial, que se apoyaba en un informe técnico elaborado por un arquitecto.
Los magistrados destacan que es «la Administración local ejecutada la que, por vez primera, propone una fórmula» que permitiría cumplir la sentencia y acogen la solución planteada por la Fundación César Manrique.
Esta consiste en encargar el proyecto conforme a ese informe y licitar después las obras, aunque el tribunal amplía los plazos propuestos por la fundación, de cuatro meses y un año, en atención a «la especial complejidad técnica» de las demoliciones.
El auto reitera además que al hotel no le son aplicables los incentivos a la renovación y recualificación turística, tal como ya resolvió la misma Sala en su sentencia 88/2022.
El tribunal recoge asimismo la advertencia de la Fundación César Manrique de que el establecimiento «sigue y seguirá abierto al público y en pleno funcionamiento, como si nunca se hubiese dictado la resolución judicial anulatoria de la licencia».
El auto reseña también su afirmación de que el exceso de edificabilidad es de «casi el triple», lo que obligaría a demoler más del 60 % de lo construido.
La empresa Hotel Princesa Yaiza SA pedía suspender la ejecución hasta que existiera un nuevo planeamiento, tras la anulación del Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza.
La Sala responde que «en el supuesto examinado no se aduce una imposibilidad actual de llevar a efecto la demolición parcial, sino la posibilidad de que una futura ordenación urbanística permita conservar lo que la sentencia firme ordenó demoler».
«Se pretende, así, hacer depender la efectividad de un mandato judicial vigente de un acontecimiento normativo todavía no producido», una expectativa que «no altera el marco jurídico de la ejecución ni proporciona fundamento para paralizarla», añade.
EFEjmr