Las Palmas de Gran Canaria, 10 nov (EFE).
– La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Marruecos a un ciudadano marroquí detenido en Lanzarote, al que la Fiscalía de su país acusa de ser miembro de una banda con base en Agadir que fleta pateras a Canarias, porque esos hechos se castigan con menos de dos años de cárcel en España.
El sospechoso fue arrestado el 4 de julio de 2024 en Arrecife (Lanzarote) a instancias de la Interpol, que alertó de que estaba en busca y captura por parte del Tribunal de Apelación de Guelmin, ya que la Fiscalía Real de Marruecos lo acusa de formar parte de una banda delictiva que facilita la salida de inmigrantes en pateras.
Las autoridades marroquíes investigaban a ese grupo a raíz de la denuncia presentada por un hombre que se sintió estafado por esa banda, a la que pagó 30.
000 dirhams (2.
700 euros) para emigrar a España, sin conseguir que lo subieran a una patera a Canarias.
Dentro de esa operación, se detuvo en Marruecos a uno de los miembros de la organización, que fue condenado a dos años de cárcel, y se averiguó que otro de sus integrantes residía en Lanzarote.
La Audiencia Nacional reconoce que los hechos por los que se reclama a esta persona también constituyen delito en España, por lo que, en principio, procedería aceptar su extradición a Marruecos conforme al convenio de cooperación suscrito por los dos países.
La sentencia precisa que el delito que le imputa la Fiscalía Real de Marruecos (organización de inmigración ilegal) está castigado en ese país con penas de hasta 20 años de cárcel.
Sin embargo, su equivalente en el Código Penal español (ayudar a la inmigración ilegal, artículo 318 bis 1) se castiga solo con multas de tres a doce meses o de prisión de tres meses a un año.
En consecuencia, falla el tribunal, no procede aprobar la extradición del detenido a Marruecos, porque los hechos que se le atribuyen no están sancionados en España con el mínimo que estipula el convenio de colaboración con Rabat (dos años de cárcel).
Esta sentencia ha sido dada a conocer por el alcalde de Arrecife (Lanzarote), Yonathan de León (PP), quien ha manifestado su disgusto y ha solicitado una reforma legal que eleve las condenas en España.
«Esta modificación permitirá las extradiciones de estas personas, que ya están en suelo español y se han dedicado, o lo siguen haciendo, a la organización y explotación de las personas con viajes en pateras hacia Canarias, archipiélago que está sufriendo una situación muy grave ante la constante avalancha de inmigrantes», sostiene De León.
Por ello, hace un llamamiento «para que el próximo Gobierno que salga de las urnas promueva una modificación del Código Penal con penas mayores».
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