Empleadas del hogar denuncian «discriminación» y piden «derechos» en un oficio «invisible»

Las Palmas de Gran Canaria, 30 mar (EFE).

– Cáritas Diocesana de Canarias ha denunciado este lunes la «irregularidad administrativa y la discriminación racial» que sufren las trabajadoras del hogar por su «invisibilidad y desprotección» al estar «atrapadas por la indefensión laboral y la vulnerabilidad extrema».

Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar que se celebra este 30 de marzo, Caritas ha emitido un manifiesto en el que insisten en la necesidad de visibilizar la situación de «desigualdad y ausencia de derechos» que afecta a este sector.

Como ha explicado la responsable del área de Empleo de Cáritas Diocesana, Elisabet Herrera, a pesar de que estas trabajadoras son quienes «sostienen la vida y los cuidados de muchas familias», esta profesión «permanece invisibilizada, poco valorada y marcada por condiciones irregulares o de abuso».

Cáritas Diocesana de Canarias, que cuenta con un servicio de Orientación e Intermediación Laboral específico, ha alertado de que esta situación mantiene a las mujeres «atrapadas» por la «indefensión administrativa y las dificultades para su contratación por parte de las personas empleadoras».

Este es un sector marcado por la precariedad y la falta de apoyos, además de que el empleo doméstico sigue ligado a la discriminación racial y la invisibilidad, en muchos casos a personas migrantes sin protección legal ni redes de apoyo.

Según los datos de 2025, ha detallado, las personas extranjeras representaron el 42 % del total de inscritas en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar de la Seguridad Social.

Esta situación lleva a las trabajadoras a sufrir la indefensión laboral con jornadas que exceden los límites legales, salarios por debajo del mínimo y despidos sin garantías al trabajar en el ámbito privado sin protección.

Además, se encuentran en una «vulnerabilidad extrema» las trabajadoras internas, que «soportan abusos por miedo a perder su única red de apoyo y quedarse en situación de sin hogar», ha denunciado, así como la economía sumergida que dificulta la integración legal y multiplican la vulnerabilidad de las mujeres migrantes.

Para dignificar el sector y proteger a las trabajadoras del hogar, Cáritas Diocesana pide entre sus medidas garantizar el cumplimiento de la normativa, asegurar las condiciones básicas recogidas en el Real Decreto-ley 16/2022 para la mejora de la Seguridad Social de los trabajadores del hogar, velar por el respeto hacia las empleadas del hogar y evitar situaciones de abuso y poder que derivan en exclusión social y que se reconozcan los derechos fundamentales de las personas migrantes mediante la nueva propuesta de regularización.

«Su trabajo es un derecho, no un favor», según destaca el manifiesto.

Herrera ha detallado que en este 30 de marzo, desde Cáritas «se eleva la voz por todas las personas trabajadoras en empleo doméstico que se ven vulneradas y, y atrapadas en la exclusión social».

El objetivo es lograr unas condiciones laborales dignas, como cualquier otro tipo de trabajador, y facilitar los trámites burocráticos porque «es una carga que recae en las familias, que quieren contratar, pero no son empresas y muchas veces no tienen ni siquiera apoyos para hacer frente a esos trámites burocráticos, o incluso en ocasiones son personas mayores».

Ha celebrado «avances» en la legislación pero este es «un sector que se trabaja a puerta cerrada en casas particulares, por lo que la inspección laboral no llega».

El perfil más habitual que atiende Cáritas, ha apuntado, es el de mujeres entre los 45 y 55 años, con cargas familiares, por lo que tienen «mayor dificultad en el acceso» al empleo.

Este es el caso de Irene Brugués, que aunque asegura que no ha tenido malas experiencias, sí que ha sufrido «las dificultades para que nos puedan contratar».

Ella, con hijos y con su madre a su cargo, contactó con Cáritas Diocesana para poder tener un permiso de trabajo, y gracias a la institución ha tenido «quien nos guíe sobre un empleo o algún tipo de curso o ayuda de alimentación, mientras que podamos tener un trabajo».

Yolanda García, de Cuba, ha sufrido a lo largo de sus años en este empleo «los problemas de que no nos quieran contratar, porque no reconocen nuestro trabajo, que para mí y para todas es importante».

«Nosotras también somos personas que necesitamos mantener un hogar, tenemos nuestros derechos, y los exigimos como tal».

Yolanda García sí ha tenido malas experiencias, con «situaciones muy difíciles con las familias» porque «no nos dan un trato digno».

«Nosotras somos personas, muchísimas tenemos carrera, pero estamos aquí porque hay que hacer lo que sea para mantener su hogar», ha recalcado García.

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