Santa Cruz de Tenerife, 18 nov (EFE).
– La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias estima en 131 millones de euros la recaudación vinculada a la adquisición de vivienda habitual en las islas entre julio de 2023 y julio de 2026, según los cálculos expuestos este miércoles por la consejera del área, Matilde Asián, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias.
En respuesta a una pregunta del diputado de Vox Javier Nieto Fernández, Asián ha detallado que esta cantidad se desglosa en 68,5 millones de euros correspondientes al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y 62,5 millones procedentes del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
La consejera ha precisado, no obstante, que se trata de una estimación, ya que la administración tributaria autonómica no dispone de una declaración específica ni de una casilla en los modelos fiscales que permita identificar todas las operaciones de adquisición de vivienda habitual.
Para realizar el cálculo, Hacienda ha utilizado las tarifas identificadas con beneficios fiscales vinculados a esta modalidad de vivienda y ha excluido determinadas operaciones, entre ellas las correspondientes a sociedades y no residentes.
Asián ha explicado que la compra de una vivienda puede tributar por IGIC o por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, dependiendo de las características de la operación.
En el caso de las entregas sujetas y no exentas de IGIC, también se aplica la cuota variable de actos jurídicos documentados, mientras que las operaciones sujetas a transmisiones patrimoniales tributan por la cuota fija de este último impuesto.
La consejera ha recordado que el Gobierno regional ha establecido tipos reducidos del IGIC, del 3 %, para determinados colectivos que adquieren una vivienda, entre ellos los menores de 40 años, las familias numerosas, las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de género y las familias monoparentales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Entre las condiciones figuran límites de renta de la unidad familiar de 46.
455 euros, ampliables en determinados supuestos, así como límites al valor del inmueble, fijados con carácter general en 200.
000 euros y ampliados hasta 300.
000 o 400.
000 euros para determinadas familias numerosas.
Asián ha defendido que las medidas fiscales deben mantener un equilibrio entre la reducción de impuestos y la financiación de los servicios públicos esenciales.
En este sentido, ha señalado que las modificaciones normativas que reducen la tributación tienen un impacto presupuestario que debe compatibilizarse con el sostenimiento de los servicios públicos.
La consejera también ha subrayado que las ayudas fiscales deben dirigirse a colectivos y adquisiciones que necesiten protección, y no a operaciones de viviendas de elevado valor.
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