Las Palmas de Gran Canaria, 17 oct (EFE).
– La representación legal de Jennifer Brito, desahuciada el 13 de octubre por falta de pago de la vivienda donde residía junto a sus dos hijos menores en el barrio de Pedro Hidalgo de Las Palmas de Gran Canaria, ha recurrido la diligencia por la que se ejecutó el lanzamiento, cuya nulidad pide.
Así lo ha informado este sábado en un comunicado el movimiento vecinal Derecho al Techo, que ha denuncia que la solicitud de protección presentada antes del desalojo, un informe municipal que declaraba la vulnerabilidad de esta familia, «no recibió una respuesta específica», por lo que pide «que se examinen las posibles consecuencias jurídicas de esta omisión».
El recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de 9 de octubre de 2026, dictada por la plaza nº 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, se ha presentado el 15 de octubre y cuestiona que la resolución judicial «se remitiera a un auto anterior, de 9 de septiembre, sin dar una respuesta específica a las nuevas solicitudes de protección presentadas los días 1 y 8 de octubre, al amparo del Real Decreto-ley 29/2026, publicado el 7 de octubre y en vigor desde el día 8», el conocido como decreto Maricarmen.
«La solicitud de protección se presentó antes del lanzamiento y debía examinarse conforme al régimen jurídico invocado por la defensa.
El recurso sostiene que era necesario determinar expresamente si concurrían los requisitos para aplicar las medidas previstas en la nueva normativa y si correspondía suspender provisionalmente el lanzamiento mientras el tribunal resolvía mediante auto», expone Derecho al Techo en su nota.
Este movimiento recuerda que la afectada «se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad social, económica y residencial» y que, «según el informe municipal de 13 de octubre de 2026, la unidad familiar carecía de una alternativa habitacional conocida que garantizara su alojamiento inmediato».
Como este informe se emitió después de la diligencia recurrida, la defensa de Jennifer solicita que «el informe y las demás constancias documentales se incorporen y valoren en el procedimiento».
«No se trata de exigir que los tribunales dicten necesariamente una resolución favorable a las familias, sino de reclamar que sus peticiones sean examinadas conforme a la legislación aplicable y que se resuelvan de manera expresa y fundamentada, especialmente cuando está en juego la pérdida de la vivienda habitual de una familia con menores», asevera el escrito de Derecho al Techo.
EFEpcr