Santa Cruz de Tenerife, 30 oct (EFE).
– La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife tiene previsto celebrar los días 5, 6 y 7 de noviembre las tres primeras sesiones en la que declararán en cada una de ellas diez supuestos afectados por la trama del conocido como caso Tradex, en el que existen en estos momentos 120 denunciantes que habrían perdido 2,5 millones.
Las previsiones son que hasta el 20 de enero tengan la oportunidad de contar su relato y exigir el dinero que les corresponda, en tres sesiones por semana con diez personas cada una y finalmente podrán intervenir los dos acusados, más la pareja de uno de ellos a la que se le atribuye haber recibido en regalos 327.
500 euros.
El lunes 13 de octubre tuvo lugar la vista previa en la que se leyó el escrito de Fiscalía que se dirige contra los procesados, los principales de ellos el empresario Mukesh Daswani y un socio suyo, en el que se recogen las cantidades que se debería devolver a cada uno de los estafados y se plantearon cuestiones previas.
El dinero supuestamente estafado oscila entre un mínimo de 2.
000 euros y hasta 78.
000 como máximo, por lo que el Ministerio Público solicita que se le imponga a uno de los procesados 12 años de prisión, ocho por el cargo de estafa agravada y cuatro por frustración en la ejecución dadas las dificultades para cobrar las deudas.
Al otro encausado se le piden 6 y 3,5 años por los mismos presuntos delitos y a ambos la devolución de las cantidades defraudadas más intereses.
La pareja sentimental del primer encausado debería hacer lo propio de forma solidaria con los mencionados 327.
500 euros.
Según el relato de la Fiscalía, los encausados se presentaban como gestores y asesores financieros independientes y de esta manera captaban fondos a cambio de altas rentabilidades que a veces llegaban hasta el 50% del capital entregado en un plazo de dos meses, entre otro tipo de operaciones similares.
Confiados, los clientes realizaron aportaciones formalizando contratos de préstamos o efectivo y transferencias bancarias.
El principal procesado les iba informando periódicamente de que sus fondos obtenían los beneficios prometidos enviándoles supuestos reportes para demostrarlo.
Al principio, el encausado principal cumplía con las altas rentabilidades prometidas, que eran satisfechas a clientes que volvían a invertirlas y a los que se sumaban otros nuevos.
Una vez captado un elevado número de inversores los acusados comenzaron a incorporar los beneficios a su propio patrimonio, un sistema piramidal que se volvió “insostenible”, dado que exigía nuevos inversores para cumplir con las obligaciones de los anteriores.
A partir de aquí comenzaron a sucederse los incumplimientos de pagos “provocando que todo el entramado quedase al descubierto” y se empezaran a presentar las denuncias.
Cuando los procesados se dieron cuenta de que la situación y se iba a producir un colapso, habrían llevado a cabo operaciones para salvaguardar sus bienes, vendiéndolos a terceros y abriendo cuentas en los Emiratos Árabes, donde uno de ellos intentó sustraerse de la acción de la Justicia.
También abrieron cuentas corrientes en Lituania y Reino Unido cuyos fondos eran convertidos en criptomonedas en una plataforma cuyo domicilio estaba situado en las Islas Seychelles.
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