Santa Cruz de Tenerife, 2 oct (EFE).
– Las patronales CEOE Tenerife y Confederación Canaria de Empresarios y los sindicatos UGT y CCOO han propuesto este viernes prestaciones económicas autonómicas por hijo a cargo, en función de la renta, dentro de un acuerdo para afrontar los retos demográficos de Canarias.
La propuesta forma parte de un acuerdo bipartito sobre demografía, formación y Tribunal Laboral de Canarias, suscrito por la patronal y los sindicatos y que ha sido elevado al Gobierno autonómico para su incorporación y desarrollo en los VIII Acuerdos de Concertación Social.
El acuerdo bipartito ha sido suscritos por los presidentes de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, y de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega; el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, y la secretaria general de CCOO Canarias, Vanesa Frahija Betancor.
Tras la firma, el acuerdo ha sido entregado a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, a la viceconsejera de Empleo, Isabel León, al director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez Albertus, y a la directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega.
Los empresarios y los sindicatos plantean en este acuerdo complementar las ayudas estatales por hijo a cargo y establecer incentivos fiscales vinculados al nacimiento, la adopción y los gastos de crianza, con atención a las familias vulnerables.
También reclaman universalizar la red de centros infantiles sostenidos con fondos públicos de cero a tres años, con plazas suficientes en todas las islas y municipios, y promover horarios laborales compatibles con la vida familiar.
Para las empresas y los autónomos proponen ayudas que cubran el 100 % de determinados costes de Seguridad Social durante los permisos por nacimiento y otras situaciones de cuidado o, alternativamente, los de los contratos de sustitución.
El acuerdo incluye un plan especial de empleo para las islas no capitalinas y los municipios con pérdida demográfica, con incentivos a la contratación, apoyo al emprendimiento y programas de relevo generacional.
También plantean bonificaciones fiscales vinculadas a la residencia habitual y la actividad económica local en municipios que pierden población, programas de retorno del talento joven emigrado y medidas para facilitar la financiación de la primera vivienda.
En materia sociosanitaria, sindicatos y empresarios piden aumentar las plazas residenciales, reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación y afrontar el déficit de profesionales mediante formación y acreditación de competencias.
Otro de los puntos del acuerdo reclama la financiación íntegra y estable del Gobierno para el Tribunal Laboral de Canarias, que funciona con «precariedad institucional» por la insuficiencia de personal y recursos.
Las organizaciones patronales y sindicales se comprometen a actualizar el acuerdo interprofesional que regula la solución extrajudicial de conflictos y plantean reforzar la conciliación, la mediación y el arbitraje.
En formación, proponen extender la enseñanza dual universitaria, crear un registro de empresas que acojan alumnado y garantizar la continuidad de los servicios de acreditación profesional.
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