La Frontera (El Hierro), 29 abr (EFE).
– Organizaciones profesionales de pesca de Canarias han pedido que la nueva regulación de la pesca del atún rojo, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, tenga en cuenta criterios sociales y ambientales tal y como recoge la normativa europea.
El Consejo de Ministros aprobó ayer martes una nueva regulación de la pesca del atún rojo en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo, que refleja el incremento de cuota para España y amplía a 5.
406 embarcaciones más las flotas que se beneficiarán del reparto.
La Asociación de Armadores y Pescadores de Canarias (Miracanarias), la Asociación Nacional de Artes Menores (ANARME) y la Plataforma por el Mar Canario (PMC) han insistido este miércoles que “sin criterios sociales y ambientales, cualquier reparto será injusto”.
Los pescadores recuerdan que el reglamento europeo 1380/2013 establece en su artículo 17 la obligación de que los Estados miembros asignen las posibilidades de pesca y utilicen criterios transparentes y objetivos, incluidos los de carácter medioambiental, social y económico.
“Sin embargo, el sistema aplicado históricamente en España ha pivotado de forma casi exclusiva sobre derechos históricos, generando una exclusión estructural del segmento de flota de bajura”, señalan estas organizaciones.
El presidente de Miracanarias y de la Asociación Nacional de Artes Menores (ANARME), Airam Mederos, señala que la reciente ampliación de cuota para España representa una oportunidad jurídica y política ineludible para corregir desequilibrios históricos.
“No hacerlo supondría consolidar un modelo que contradice los principios básicos del Derecho de la Unión Europea”, ha añadido.
Según Mederos, la pesca de artes menores reúne condiciones objetivas que justifican su acceso al recurso: bajo impacto ambiental, alta eficiencia energética, fuerte arraigo territorial y contribución al empleo local.
Mederos considera que es imprescindible que en el nuevo reparto se aplique de forma real y verificable el artículo 17 de la Política Pesquera Común, se incorporen criterios sociales, ambientales y económicos en igualdad de condiciones con los históricos y se garantice el acceso de la flota de bajura que no está incluida en el censo del atún rojo al recurso, evitando su exclusión estructural.
Las organizaciones profesionales de pesca advierten que, en caso de no cumplirse estos principios, se valorará la adopción de acciones legales, entre las que se encuentra la impugnación del sistema de reparto por vulneración del Derecho de la Unión Europea.
“No puede incrementarse la cuota sin corregir la injusticia histórica en su reparto.
Sin pesca artesanal no hay sostenibilidad ni equilibrio en el sector pesquero”, señala Mederos.
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