Las Palmas de Gran Canaria, 24 jul (EFE).
– El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha pedido este viernes «máximo diálogo» con el Ejecutivo canario para aplicar el reglamento europeo sobre migración en relación con los menores no acompañados y ha defendido que la comunidad designe representantes en los procesos de triaje realizados en los Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATE).
Pestana ha respondido así a las declaraciones realizadas este jueves por la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien acusó al Estado de dirigir «amenazas veladas» al Ejecutivo regional tras un requerimiento para que nombre representantes de menores en esos procedimientos.
El delegado del Gobierno ha explicado que la solicitud fue remitida a la Dirección General de Protección del Menor del Ejecutivo canario a instancias del Ministerio del Interior y con la conformidad del Ministerio de Juventud e Infancia.
Según ha indicado, la normativa europa exige que durante el triaje de inmigrantes irregulares esté presente «alguien que defienda el interés superior del menor», quien, «por tanto, no puede ser la fuerza policial que lleva la gestión de ese CATE».
«Ya no está en la responsabilidad de la Delegación el que haya o no haya un defensor del menor en esos centros.
Para nosotros es meridianamente claro que tiene que ser la comunidad autónoma porque tiene esas competencias exclusivas», ha afirmado Pestana.
El delegado ha sostenido que la Delegación del Gobierno lleva diez días solicitando una reunión de coordinación con el Ejecutivo canario y ha lamentado que, en su opinión, se haya optado por trasladar el desacuerdo a los medios de comunicación «intentando buscar un conflicto que no hay».
Pestana ha insistido en «el máximo diálogo» y la «máxima participación» para resolver cuando hay dudas, que, ha señalado, «son más bien de carácter jurídico».
El representante del Gobierno en Canarias ha recordado además que el Ejecutivo canario ha reclamado «durante años» participar en los procesos de identificación de menores migrantes debido a discrepancias detectadas entre la edad declarada y la determinada posteriormente mediante pruebas médicas.
«Eso generaba problemas en los centros de atención de los menores, en la medida en que se tardaban en realizar las pruebas médicas que determinaran exactamente la edad, y resulta que ahora, cuando tienen la posibilidad porque el reglamento europeo así lo así lo dice, pues dicen que son incompetentes en ese tema», ha declarado.
Pestana ha insistido en que seguirán intentando que tenga lugar la reunión, que se fijará con el propósito de «dialogar» y «encontrar una fórmula de acuerdo».
El delegado ha señalado que el reglamento europeo, fruto del pacto de migraciones de la Unión Europea, ya está en vigor y es de directa aplicación, por lo que ha considerado necesario cumplir con la obligación de contar con una figura de defensa del menor en esos procedimientos.
«Ahora mismo, si no tenemos un defensor del menor en el triaje, tenemos un defecto porque no estamos cumpliendo con el reglamento europeo, y por eso nuestro requerimiento a las autoridades autonómicas», ha señalado.
Por ello, ha indicado que este requerimiento también deberá trasladarse a otras comunidades autónomas receptoras de migración irregular y menores no acompañados extranjeros, como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla.
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