Santa Cruz De Tenerife, 18 nov (EFE).
– La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide que a un acusado de apropiación indebida se le imponga un año y medio de cárcel por supuestamente quedarse con 20.
500 euros de una empresa familiar cuando ejercía de gerente, cuyos miembros no reclaman su devolución en la vía penal dado que optan por hacerlo por lo civil.
El acusado, según figura en el escrito del Ministerio Público, era administrador de la sociedad en la que no tenía participación alguna y también hacía estas mismas funciones en otras sociedades y comunidades de bienes en las que sí era socio o comunero.
Con la empresa familiar habría firmado un contrato mercantil por el que se le cedía la dirección y gestión de la entidad a cambio de pagar 49.
200 euros anuales a los partícipes, como una especie de arrendamiento.
Debido a diferencias surgidas entre los partícipes con respecto a su labor, el acusado presentó su dimisión, que no sólo fue rechazada, sino que se ampliaron sus competencias hasta que finalmente, causó baja tras fracasar en su intento de comprar la empresa, adquirida luego por una parte de los socios.
La entidad familiar fue a continuación demandada por deudas con las comunidades de bienes a raíz de diversos préstamos efectuados durante la época en la que el procesado era gestor de la sociedad limitada.
La denuncia se basó entonces en la supuesta existencia de pagarés firmados por miembros del Consejo de Administración durante la época en la que el acusado ejerció como administrador.
De esta manera las acciones judiciales dieron lugar a procedimientos cambiarios por valor de 24.
000 euros en un Juzgado, 100.
000 en otro y 36.
000 en uno más.
El juicio está previsto que se celebre los días 23 y 24 de noviembre en la sede de la Audiencia Provincial tinerfeña.
EFEnra/cmg1012088