Santa Cruz de Tenerife, 17 nov (EFE).
– Unidas se puede ha exigido al Ayuntamiento de La Laguna que emprenda «acciones legales» ante «los hechos ocurridos» durante el acto protagonizado este lunes por el agitador Vito Quiles en la zona del Cuadrilátero, por si pudieran ser constitutivos de un delito de odio.
En un comunicado, la formación juzga «especialmente grave que el acto se desarrollara pese a no contar, según la información trasladada, con autorización municipal ni de otro tipo», y solicita que se esclarezcan las circunstancias que permitieron su celebración, así como «las responsabilidades que pudieran derivarse».
«No podemos normalizar que alguien llegue a nuestro municipio, utilice el espacio público para lanzar mensajes que estigmatizan a las personas migrantes y genere una situación de tensión que termine afectando a la seguridad de quienes viven aquí», esgrime el concejal de Unidas se puede, Saúl Alberola.
La formación pide que los servicios jurídicos municipales examinen las declaraciones realizadas durante el acto, particularmente las referencias a una supuesta «invasión migratoria», y valoren la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por la posible comisión de delitos de odio, siempre que concurran los requisitos legales.
Asimismo, Unidas se puede asume la petición trasladada por residentes que presenciaron los acontecimientos y exige que el Ayuntamiento solicite explicaciones formales a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional sobre el dispositivo desplegado, «las cargas denunciadas contra participantes en la protesta y el trato recibido por la ciudadanía».
«Queremos saber por qué se permitió desarrollar una convocatoria que no estaba autorizada y por qué quienes ejercían su derecho a protestar denuncian haber recibido una respuesta policial agresiva.
La seguridad ciudadana debe garantizar derechos, no convertirse en una herramienta de intimidación», abunda Alberola.
El concejal también reconoce «la respuesta de quienes se movilizaron pacíficamente contra los discursos xenófobos», ya que «La Laguna es una ciudad universitaria, diversa y de convivencia, y nuestra obligación institucional es defender esos valores y garantizar que ninguna persona se sienta amenazada por su origen o por expresar democráticamente su rechazo a estos discursos».
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